A vueltas otra vez con las pensiones. La semana pasada, en el Senado, el ministro de Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, anunció entre otras cosas que dará prioridad en la reforma al endurecimiento de las condiciones para acceder a la jubilación anticipada. ¿Por qué tanta prisa? Sencillo: cerca de 132.000 personas salen de la población activa cada año por la vía de la jubilación anticipada. Este número, unido al propio de las prejubilaciones, es lo suficientemente cuantioso para provocar consecuencias de calado en la Seguridad Social.
Además, nos alejamos de un objetivo clave: alargar la edad oficial de retiro que se encuentra fijada, desde enero, en los 66 años. ¿Qué ocurre en la realidad? El momento efectivo en el que los españoles dejan de trabajar se sitúa en los 64.4 años. Hay que sumar otro elemento a tener en cuenta en caso de las jubilaciones anticipadas: la merma de ingresos que supone para la Seguridad Social. En concreto, son casi 1.200 millones lo que el Estado pierde, cada año, en concepto de las cotizaciones que los trabajadores que se retiran prematuramente no pagarán.
Es un coste añadido a la presión por el rápido envejecimiento de la población. La situación amenaza con volverse insostenible en un escenario de crisis como el actual con un aumento disparado del desempleo. Es urgente, no podemos demorar más una reforma ambiciosa y profunda del sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad, como dice el ministro Escrivá. Adía de hoy, con parches poco hacemos, quizás alargar el problema y agrandarlo.
