Las facturas pendientes de pago a proveedores ascienden a 130.000 euros, una cifra nada desdeñable para las pequeñas empresas y autónomos que en estos momentos necesitan liquidez para poder sobrevivir.
Esta es la denuncia que pone sobre la mesa la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, pidiendo al Gobierno que por ley se obligue al pago de deudas a toda la cadena de valor.
Su presidente Antoni Cañete, en declaraciones a Radio Intereconomía hacía el llamamiento “Desde la plataforma se urge al ejecutivo a que por Real Decreto se obligue a que se paguen las deuda de las administraciones y que las empresas más grandes, que tienen acceso a una mayor financiación, afronten los pagos de facturas”.
Hablamos de un tema capital, insiste Cañete. “Una empresa es capaz de seguir siendo viable a pesar de bajar sus ventas, si realiza ajustes. Pero si una empresa se queda sin liquidez, estamos hablando de un tema de oxígeno”.
Sobre la vuelta a la normalidad de la actividad económica tras la crisis del coronavirus, Cañete aseguraba que tienen una predisposición absoluta, pero también una necesidad imperiosa en afrontar la apertura con las condiciones de seguridad necesarias.
