La opacidad y falta de transparencia en el caso Banco Popular se vuelve en contra de los organismos institucionales, como el Frob y el JUR. El informe provisional de Deloitte que precipitó la resolución de Banco Popular dio una tercera valoración: +1.500 millones de euros.
Según el Frob, Popular valía entre -2.000 y -8.000 millones de euros, una valoración muy criticada por inspectores del Banco de España. Pero estas eran solo dos de las cifras que estimó Deloitte. En un tercer escenario, el más favorable para la entidad financiera, Banco Popular tendría un valor de 1.500 millones, una cifra que el Frob no ha dado a conocer y que ahora podría ser usada en su contra ya que accionistas y bonistas podrían acogerse al estudio para exigir responsabilidades. Esta tercera valoración la adelanta Vozpópuli a través de fuentes comunitarias.
Desde el pasado 7 de junio se ha exigido a Bruselas que dé a conocer ese informe provisional de Deloitte y distintos abogados se lo han requerido a los organismos sin recibir hasta ahora respuesta alguna. La importancia del informe es vital, ya que la Junta Única de Resolución se basó en el mismo para ordenar la resolución del banco y venderlo después al Santander por un euro.
El «expolio» es una de las palabras que más se repite en las demandas judiciales que apuntan directamente al anterior equipo directivo, con Emilio Saracho a la cabeza, al Frob, a la CNMV, el Banco de España y a Bruselas. En caso de que los jueces encontraran responsable a un organismo público, serían los contribuyentes quienes hagan frente a las posibles indemnizaciones. Hasta ahora solo Banco Santander respondería de forma subsidiaria en caso de una condena sobre el Banco Popular.
El Frob, cuyo máximo responsable es Luis de Guindos, ocultó el mejor escenario para el Popular
El Frob, cuyo máximo responsable es el Ministerio de Economía, dirigido por Luis de Guindos, ha ocultado esta tercera valoración en su comunicado sobre la liquidación del Popular, cuando 305.000 accionistas perdieron todos sus ahorros, así como los bonistas en bonos de mayor riesgo. En su informe, el Frob solo dio dos cifras: -2.000 millones en un escenario central y -8.000 millones en el peor escenario posible, ocultando los 1.500 millones positivos que arrojaba la entidad financiera en un escenario más favorable. De hecho, los 1.500 millones se aproximan demasiado a los 1.300 millones que capitalizaba Popular en el IBEX 35 en su último día de cotización, el 6 de junio.
Se abre así la puerta a incluir ahora esta valoración en las querellas, más cuando algunas de ellas apuntan al Frob y a Bruselas, a quien exigen ya la publicación del informe de Deloitte. Entre los demandantes se encuentran el despacho de Miguel Durán, Durán & Durán, que apunta a Saracho, CNMV y Banco de España, junto a Cremades & Calvo Sotelo, que representa a la AEMEC, y que ha pedido formalmente el informe a Bruselas hace unos días, y que debe recibir una respuesta antes de 12 días.
Por ahora, el Ministerio de Economía de Luis de Guindos se ha limitado a pedir que se haga público el informe, donde el riesgo por litigios es de 4.000 millones de euros.
