La familia Luksic ha exigido formalmente el texto íntegro de la resolución de Banco Popular, incluido el polémico y secreto informe de Deloitte, en el que se basó la Junta Única de Resolución para liquidar la entidad financiera en la noche del 6 al 7 de junio.
La familia, con una inversión de 113 millones de euros valorada en esa noche en cero euro, exige el texto completo, incluidas las partes confidenciales del mismo. Y es que, afirma que la publicación de la Junta Única de Resolución del 11 de junio fue una «absoluta falta de transparencia» ya que se omitieron cifras y «gran cantidad de información». De hecho, en el informe publicado por la JUR tan sólo se dio a conocer dos de las valoraciones de Banco Popular, en un escenario neutral (-2.000 millones) y en uno adverso (-8.000 millones). No obstante, eurodiputados que han tenido acceso a ese informe, declarado «confidencial» por la presidenta de la JUR, Elke Köning, había una tercera valoración (+1.500 millones) en un escenario optimista.
Según la familia chilena, que entró en Popular poco antes de la resolución, motivo por el que se dispararon las acciones un 9% en ese día, el texto íntegro es «imprescindible» para poder realizar una defensa con todas las garantías. Según los inversores, la confidencialidad no es justificable a la hora de poder ejercer el legítimo derecho de defensa, y es que hasta la JUR admite que la resolución se realizó de tal forma que caben demandas judiciales.
Los Luksic esgrimen una sentencia del TJUE, único tribunal competente para demandar a la JUR: «La obligación de secreto profesional no tiene un alcance tal que pueda justificar una denegación de acceso genérica y abstracta a los documentos» y «la apreciación de la confidencialidad de una información exige contrapesar, por una parte, los intereses legítimos que se oponen a su divulgación y, por otra, el interés general que exige que las actividades de las instituciones comunitarias se desarrollen de la forma más abierta posible».
En este sentido, consideran que esa confidencialidad se debería guardar en caso de continuar el proceso de resolución, pero una vez terminado y completado -se hizo en la noche del 6 al 7 de junio- ya no tiene sentido mantenerla.
«La ausencia de transparencia por parte de un organismo con unas competencias exorbitantes arroja importantes dudas sobre el entorno jurídicopara los potenciales inversores en el sector bancario», ha subrayado este inversor chileno, cuya participación en Banco Popular alcanzaba el 3,45%.
