El grupo de fondos de inversión liderados por Pimco, que perdieron más de 850 millones de euros en la resolución de Banco Popular, estudian ahora demandar a la JUR y al Frob español ante el TJUE y ante la Audiencia Nacional, respectivamente.
El grupo de fondos, formado Pimco, Anchorage, Algebris y Ronit Capital, se reserva, además, su derecho de demandar a la ex cúpula de Banco Popular, liderada por Emilio Saracho, en el caso de encontrarse pruebas en su contra, según han asegurado fuentes próximas al caso a Efe. En este sentido, centrarán su demanda en la resolución en sí, tras la negativa de la presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke Koning, de publicar el polémico informe provisional de Deloitte. Así, irá contra la JUR por dictaminar la resolución, y al Frob por ejecutar la decisión.
De esta forma, la demanda ante la JUR la recogería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las acciones del Banco Central Europeo (BCE), que declaró inviable la entidad, de la Junta Única de Resolución (JUR), que ordenó la operación, y de la Comisión Europea, que la validó; pero también la ejecución por parte del FROB ante la Audiencia Nacional, que ya ha admitido el recurso de la Organización de Consumidores y Usuarios y sigue los pasos de la demanda interpuesta por la Mutualidad de la Abogacía, que perdió 54 millones.
Las demandas, que aún se deben concretar, llegarían antes del 17 de agosto en el caso de la corte europea, que ha fijado esta fecha como límite, y antes del 7 de septiembre frente a la justicia española, indicaron las fuentes.
Los fondos exigen la publicación del informe de Deloitte para realizar su defensa
Para ello, los inversores, representados por la firma de abogados Quinn Emmanuel, han pedido a las instituciones europeas que proporcionen la información sobre la que basaron su decisión, en particular, el informe que la consultora Deloitte presentó ante la JUR.
Este atribuía al banco una valoración negativa que oscilaba entre 2.000 y 8.200 millones de euros pero, en un escenario más positivo, le concedía una valoración de 1.500 millones de euros. Hasta el momento no han tenido acceso más que a la versión no confidencial de la decisión de la JUR, que elimina mucha por ser comercialmente sensible, afirman las fuentes.
Más allá del argumento de la falta de transparencia, los fondos prevén alegar que la presidenta de la JUR, Elke Koning, violó el secreto profesional al hacer declaraciones a los medios de comunicación sobre Banco Popular y que esto fue un factor determinante en el deterioro de la situación de la entidad.
En concreto, apuntan que después de que Koning nombrase al Popular entre los bancos «vigilados» en una entrevista con Bloomberg, el precio de la acción cayó un 3,6% y que, tras las informaciones publicadas en Reuters citando a un cargo europeo respecto a un «aviso temprano» de la JUR sobre el Popular, estas bajaron un 18%.
Los bonistas también esgrimieron estos argumentos en una carta enviada la semana pasada a la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, en la que le pedían inquirir sobre la actuación de la JUR.
