Accionistas y tenedores de deuda del Banco Popular responderán este martes en Bruselas a la propuesta de la Junta Única de Resolución (JUR) de no admitir su recurso contra la venta de la entidad al Banco Santander, al estimar que los alegatos del organismo comunitario son «endebles y poco argumentados».
En una nota de prensa, el socio director del despacho de abogados Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, que representa a estos afectados, reprocha a la JUR por «reclamar un imposible, un absurdo», y no descarta solicitar la paralización cautelar de la resolución del Popular ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La JUR se niega a dar a Luksic el informe de Deloitte
Al respecto, afea que la presidenta de la JUR, Elke König, se haya posicionado en contra de la admisión a trámite del recurso al considerar que el despacho no reclamó la documentación que culminó con el anuncio de la operación el pasado 7 de junio, antes de que ésta se produjera.
Una afirmación que Navas califica de «falaz», ya que tanto los afectados como sus representantes legales «continúan sin conocer» el contenido del informe de Deloitte por el cual se procedió a una resolución que supuso reducir a cero las inversiones de los accionistas y tenedores de deuda subordinada de la entidad.
Por ello, cree que König «ha incumplido la normativa europea de transparencia» de forma «pública y notoria», en tanto que los perjudicados «tienen todo el derecho a conocer los informes que justificaron una decisión que hizo que su patrimonio se esfumara de la noche a la mañana» por una decisión administrativa.
El recurso en cuestión expone un supuesto quebrantamiento por parte de la JUR del principio de confianza legítima, esto es, la «columna vertebral de las instituciones comunitarias», con una medida ejecutada en España por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que supuso un «enriquecimiento ilícito» para el Santander.
A finales de julio, Bruselas rechazó admitir cinco de los escritos presentados contra la resolución al ser ésta una operación que no entra dentro de la jurisdicción de su Panel de Recurso sino que es competencia de las cortes europeas.
Con todo, Navas muestra una puerta al optimismo puesto que de formalizarse la inadmisión, recurrirán ante el Defensor del Pueblo Europeo y ante un TJUE «muy sensible a la normativa sobre transparencia».
