El Gobierno de Colombia ha argumentado que Electricaribe es de Gas Natural Fenosa, tras ordenar la liquidación de la filial española y la denuncia de Gas Natural Fenosa ante la ONU por 1.000 millones.
«La compañía es de ellos. Esto no es una expropiación, es una compañía que fue incapaz de prestar el servicio, que no tenía caja para comprar energía y por eso tuvimos que entrar como Estado», ha asegurado el ministro de Minas y Energía de Colombia, Germán Arce, quien afirma que aún hay margen de tiempo para negociar.
Asimismo, compara la «intervención» como si fuera un «proceso concursal«. «Cuando alguien se quiebra, se puede conjurar la quiebra si resuelve su problema de solvencia y garantiza las inversiones para resolver el problema de calidad», ha afirmado Arce.
Asimismo, el responsable del sector energético del país sudamericano ha justificado la intervención de la filial colombiana de Gas Natural Fenosa. Se adoptó por «la declaración de insolvencia» y por el «incumplimiento de los mínimos de calidad que debía atender este prestador de servicio«.
«Lo primero que hicimos es poner todos los recursos para garantizar la compra de energía. Garantizar que el flujo de caja (…) pudiera mantener la compra de energía y eso se logró estabilizar», ha concretado el ministro, quien anunció además que el Gobierno colombiano ya contrató a los abogados que argumentarán que la compañía quebró «por su mala gestión«.
Gas Natural Fenosa inició el pasado 22 de marzo el litigio contra Colombia por la liquidación de Electricaribe ante la ONU y no ante el Banco Mundial.
La compañía ha presentado la documentación de procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), en la que ha reclamado los 1.000 millones de dólares, el dóble del valor de Electricaribe.
Según Gas Natural Fenosa, el UNCITRAL tiene también el foro adecuado de resolución de diferencias en el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y España, por lo que evita que el caso llegue al CIADI, dependiente del Banco Mundial.
La empresa española denuncia a Colombia por no haber dado un trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años; contra la toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización; y contra el “hostigamiento sobre un inversor internacional y las personas a su servicio, mientras trata de resolver por vía amistosa sus diferencias con un Estado mediante los instrumentos establecidos en Derecho Internacional, al acudir al arbitraje”.