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Jorge Fabra, ex consejero de la extinta CNE y ex presidente de REE

Jorge Fabra, un crítico del oligopolio eléctrico, en el CSN

Jorge Fabra sustituirá a Cristina Narbona como miembro del Consejo de Seguridad Nuclear, cuyos dictámenes aprueban o rechazan el cierre de centrales nucleares. Fabra ha pasado por la presidencia de REE y fue consejero de la extinta Comisión Nacional de la Energía, pero es muy crítico con el oligopolio eléctrico.

Jorge Fabra Utray (Madrid, 1949) necesita el apoyo ahora de al menos tres quintos del Congreso. Hasta ahora el Consejo de Seguridad Nuclear tiene cinco consejeros, tres a propuesta del PP y dos del PSOE. Al ser el sustituto de Narbona, que preside el Partido Socialista Obrero Español, se entiende que el PP y el PSOE han llegado a un acuerdo. Fabra es además miembro fundador del colectivo Economistas Frente a la Crisis.

El nuevo presidente del CSN ha criticado duramente los «enormes» incentivos que tienen las empresas para alterar al alza los precios de la electricidad. En una entrevista a eldiario.es, coincidiendo con los precios altísimos de la luz en enero, se preguntaba por qué estaban paradas las centrales de gas, cuando pueden funcionar a partir de los 40 euros.

En esa misma conversación criticó el sistema eléctrico español, al que tildó de «disparate», al tiempo que ha denunciado el sistema «oligopolístico». Fue el primer presidente de REE, convertida ahora en una puerta giratoria política, y durante la etapa de Zapatero ocupó un cargo de consejero en la desaparecida Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Es necesaria una auditoría porque los precios no reflejan en absoluto los costes, afirmaba Fabra con el precio de la luz en máximos

El Gobierno de Mariano Rajoy propone ahora al primer ex presidente de REE al frente del CSN, pese a las críticas que realizó durante la disparada subida de la luz en enero. Mientras el Ejecutivo achacaba el precio elevadísimo, el nivel más alto desde diciembre de 2013, a la falta de lluvias, la subida del petróleo y la exportación de electricidad a Francia por el problema de sus centrales nucleares, para el ex consejero de la CNE era fundamental una investigación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con la apertura de un expediente sancionador.

«Es necesaria una auditoría porque los precios no reflejan en absoluto los costes», afirmaba entonces. «Los costes de nucleares e hidroeléctricas pueden estar en torno a 10 y 22 euros por megavatio hora, respectivamente. Imagine los márgenes escandalosos que deben estar teniendo las empresas», cuando el precio se situaba entonces en los 85 euros por MWh, aunque en octubre se han incrementado estos niveles.

Exige a la CNMC investigar a las eléctricas y el por qué no se están utilizando las centrales de ciclos combinados de gas

Los elevados precios se deben principalmente al uso de centrales de ciclo combinado de gas, cuyo precio depende del petróleo, que ha llegado a superar la barrera de los 60 dólares. No obstante, afirmaba que las eléctricas habían puesto en funcionamiento unas pocas de estas centrales, cuando deberían estar todas en marcha. «Endesa tiene todos sus ciclos parados, menos uno; Viesgo, todos; Hidrocantábrico, sólo dos grupos. Otros operadores pequeños sí están funcionando: los que no tienen un mix energético en su cartera que les interese precios altos. Los de Iberdrola también están funcionando», continuaba. Ahora el Gobierno ha obligado tanto a Endesa como a Gas Natural Fenosa crear mercado de gas para evitar disparar los precios.

«Lo grave, lo gravísimo, es que si estuvieran cortos de gas, como parece, estas centrales reciben un pago fijo, los pagos por capacidad, para garantizar que están disponibles con todas sus capacidades», señalaba. «Se están burlando de la regulación de mala manera», denunciaba, al tiempo que las eléctricas subían los dividendos, como hizo Iberdrola -un 8%-. Asimismo, Iberdrola y Endesa, que controlan la mayoría de centrales hidroeléctricas recibirán 20 millones menos según el borrador del Gobierno para el sistema de interrumpibilidad, al tiempo que los españoles han pagado 4.700 millones a la gran industria por su disponibilidad a la hora de cesar la actividad en caso necesario. Asimismo, ha aconsejado a los consumidores acogerse a las tarifas reguladas, es decir, PVPC para ahorrar energía.

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