La presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke Koning, no dio a conocer aspectos muy importantes y claves para las demandas judiciales sobre la resolución de Banco Popular.
En primer lugar se omite el por qué y cómo se eligió a Deloitte para realizar una valoración provisional de Banco Popular. En segundo lugar, no ha dado a conocer el polémico informe, pese a las exigencias de los demandantes, alegando «cifras confidenciales«. Asimismo, tan solo se han dado oficialmente dos de las tres valoraciones de Banco Popular justo en el momento de venderse a Banco Santander por tan solo un euro. En concreto, según el Frob, la valoración era de entre -2.000 y -8.000 millones de euros, pero había una tercera de +1.500 millones, un valor muy similar al que tenía en su última jornada bursátil.
Asimismo, tanto el BCE como Koning aseguran que Banco Popular necesitaba liquidez, pero no se ha dado a conocer la cifra que pidió la entidad financiera poco antes de su extinción, ni tampoco el por qué se exigió una estrecha vigilancia sobre el Popular antes de su caída.
Koning prefirió excusarse señalando públicamente a la prensa, pese a que ésta recogió íntegramente sus declaraciones que hicieron que el valor se desplomara en Bolsa, tal y como señalaron fondos de inversión liderados por Pimco.
Asimismo, admitió la posibilidad de que tanto la UE como la Junta Única de Resolución pudieran ser objeto de demandas judiciales, que pasarían directamente al Tribunal de Justicia de la UE. Además, apuntó al Frob como principal responsable de implementar la decisión de la Junta para liquidar al Popular, induciendo así que España tendría que pagar en caso de condena.
Toda la atención se centra en ese polémico informe de Deloitte, ya que se realizó sin apenas tiempo, debido a la rápida de decisión de liquidar a Banco Popular. De momento, del informe se desconoce el grueso del contenido, como el método aplicado por la consultora para determinar el valor y con qué cifras contaba para llegar a esos cálculos, convenientemente filtrados. Las únicas certezas de la resolución son las pérdidas que acarrearon los 305.000 accionistas junto con los acreedores en deuda subordinada, como el fondo Pimco. Tanto el Frob como Bruselas afirman que solo el Banco Santander presentó una oferta en la noche del 6 al 7 de junio, mientras que el BBVA rechazó quedarse con la entidad.