El Gobierno ha endurecido los requisitos para poder cobijarse con el bono social ante las eléctricas. Deja fuera a las familias numerosas y solo se podrán acoger hogares «extremadamente vulnerables».
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo modelo de financiación del bono social y la reforma de la ley del sector eléctrico para prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares «extremadamente vulnerables», es decir, las familias que tienen a todos sus miembros en paro, a los perceptores de pensiones mínimas, a las familias numerosas y a los consumidores con potencia contratada inferior a 3 kilovatios.
Asimismo, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro a determinados grupos de consumidores vulnerables en caso de impago.
Se da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, desarrolle la normativa necesaria para establecer los términos y condiciones de aplicación de estas medidas de protección al consumidor, así como para impulsar medidas de protección y de mejora de la transparencia en la contratación del suministro de los consumidores vulnerables.
Según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, esta normativa es fruto de un acuerdo del Ejecutivo con PSOE y Ciudadanos.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que se han incluido las diferentes visiones de los grupos para tratar un problema de «gran complejidad» con el objetivo de ayudar a solucionar una cuestión -la de los consumidores eléctricos vulnerables- que es de política social, pero en la que es importante tener mayor coordinación.
Nadal ha apuntado también que se podrán modular distintas ayudas para estos consumidores estableciendo distintas categorías. Asimismo, ha asegurado que los consumidores atendidos hasta ahora por servicios sociales se considerará esencial, por lo que las eléctricas no podrán cortar la luz. Una ley estatal similar a la que se aplican en varias CC AA y Ayuntamientos.
Populares y socialistas, junto a Ciudadanos -que se sumó en el último momento- pactaron un acuerdo para reformar de forma urgente la ley del sector eléctrico y prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares “extremadamente vulnerables”, a la vez que han cerrado el nuevo modelo de financiación del bono social, que será sufragado por las comercializadoras eléctricas, que exigen a su vez que se incluya la partida a los Presupuestos Generales del Estado, es decir, que paguen todos los contribuyentes.
